Provincia de Buenos Aires
El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, junto a la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), realizaron una capacitación destinada a las áreas de género municipales y a las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica para presentar los aspectos conceptuales y operativos referidos a la implementación de la tarifa bonificada para mujeres y LGTBI+ que habitan en el territorio bonaerense y atraviesan situaciones de violencia por razones de género.
La apertura del encuentro fue encabezada por la subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Flavia Delmas; la subsecretaria de Políticas Transversales de Género, Lidia Fernández; el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni; y el presidente de OCEBA, Roberto Daoud. Participaron 35 cooperativas y federaciones, áreas de género de sindicatos y autoridades de ENARGAS, ENRE y Secretaría de Nación.
“Nosotras trabajamos para la salida de las violencias y por la autonomía de las mujeres y esta política pública es de una ayuda enorme para la gran cantidad de hogares en los que las mujeres y diversidades se sostienen solas junto a sus hijas e hijos”, expresó Flavia Delmas. Por su parte, Gastón Ghioni señaló: “En la Subsecretaría tenemos la responsabilidad de regular y controlar el sector energético de la provincia, y cuando comenzamos a planificar las tareas vinculadas a la política de género, iniciamos talleres y capacitaciones para un universo compuesto en un alto porcentaje por varones. Esos espacios formativos son y serán muy valiosos y necesarios. Pero quisimos avanzar además en una política concreta, necesaria y urgente. Pensamos qué hacer cómo agentes reguladores de la política tarifaria. Trabajamos con sindicatos, distribuidoras y federaciones de cooperativas y fue con su acuerdo y apoyo que definimos bonificar en un 100% la tarifa eléctrica para mujeres y diversidades víctimas de violencia de género que hoy presentamos”.
Luego se desarrolló un panel en el que participaron la directora provincial de Investigación, Planificación y Gestión de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Adriana Vicente, la directora provincial de Políticas de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias por Razones de Género, Carolina Arribi, y la directora de Estadística y Registro Único de Casos de Violencia de Género, Sigrid Heim, quienes presentaron el marco conceptual y normativo en el que se inscribe esta medida.
También expusieron la directora provincial de Regulación, Guillermina Cinti, junto a Liliana Delle Camelie y Esteban Albacete, representantes de OCEBA, quienes explicaron las tareas operativas que desarrollará cada organismo para garantizar el acceso a este derecho.
En este sentido, las funcionarias del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual señalaron el rol fundamental del sistema de Registro Único de Casos de Violencia de Género (RUCVG) en el que las áreas de género municipales deberán cargar los datos de las situaciones de violencia e incluir el Número de Identificación de Suministro (Nis), o el número de cliente/cuenta, el partido y el nombre de la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica. Estos datos serán sistematizados y enviados mensualmente al OCEBA para que este organismo comunique a las empresas a quiénes deberán enviar la tarifa bonificada.
Cabe destacar que el Número de Nis, o número de cliente/cuenta, sobre el que se emitirá la factura bonificada deberá corresponder al domicilio en que habite la mujer o LGBTI+, aunque no sea ella misma la titular del servicio. La bonificación se otorgará por el plazo de seis meses, con la posibilidad de ser renovada por otro período igual, y en las facturas del servicio de energía eléctrica se encontrará la siguiente leyenda: “BONIFICACIÓN RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 5/2023”.
Esta medida fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires el martes 19 de septiembre del corriente año y se enmarca en la legislación internacional, nacional y provincial que establece como responsabilidad del Estado la implementación de políticas públicas con perspectiva de género que permitan reducir las brechas de desigualdad que afectan a las mujeres y diversidades en su conjunto y, en particular, a quienes atraviesan situaciones de violencia por razones de género.